¿Fue la cumbre del clima de Sharm el Sheij un éxito o un fracaso? La respuesta a esta pregunta podrá diferir en función de a quién se formule: si se dirige a una figura política, un activista o incluso un científico de EEUU, por ejemplo -el país con más responsabilidad histórica en el calentamiento global- u otro país enriquecido, es probable que el entrevistado se centre en la derrota, mientras que uno del Sur Global, la porción del planeta más afectada por la crisis climática, destacaría muy posiblemente la victoria que supuso la COP27.

Tras dos semanas de negociaciones intensas -en unas condiciones marcadas por la presidencia egipcia que muchos delegados calificaron como, “cuanto menos, inusuales” en estos procesos- casi 200 países representados en la cumbre de Sharm el Sheij acordaron crear un fondo dentro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC) para responder a los impactos climáticos que ya son inevitables: sequías, inundaciones, enfermedades, calor extremo y demás catástrofes naturales relacionadas con el clima con elevados costes materiales y humanos. El fondo era una demanda histórica del Sur Global que los países más expuestos a los efectos del cambio climático plantearon hace no menos de tres décadas y que esencialmente cuestiona la legitimidad moral de los gobiernos del Norte Global que abanderan la lucha contra el calentamiento -a costa del cual se enriquecieron- mientras son los estados en desarrollo -precisamente, los que menos contribuyeron a este fenómeno- quienes pagan la factura de sus consecuencias.

A nadie sorprendió que la cumbre estuviera protagonizada en buena medida por el asunto de pérdidas y daños. Este foro político -que cada vez cobra más relevancia en la cooperación multilateral- se anunciaba desde antes de su arranque como una cumbre africana, en la que la justicia climática internacional cobraría un papel central y en la que, especialmente después de las costosas inundaciones en Pakistán, el tema de pérdidas y daños acapararía titulares.

Sin embargo, no estaba nada claro que el asunto de pérdidas y daños siquiera fuera a entrar en la agenda oficial de las negociaciones, como acabó sucediendo en el inicio de la COP27. Este primer paso, si bien fue celebrado por organizaciones ecologistas y delegaciones de países vulnerables -como las estados insulares- no garantizaba un avance concreto como resultado de la reunión de Sharm el Sheij. Los países convinieron abordar el tema pero se dieron un margen de hasta 2024 para cerrar los detalles sobre qué forma adoptaría el mecanismo de pérdidas y daños. El debate, en ese punto, era el siguiente: los países enriquecidos defendían recurrir a los fondos ya existentes en el marco de CMNUCC -como el Fondo Verde del Clima, criticado por no haber logrado el objetivo de reunir anualmente 100.000 millones de dólares, como se habían propuesto los donantes- para apoyar económicamente a las principales víctimas de fenómenos relacionados con la crisis climática; mientras que esos estados más dañados exigían crear un nuevo fondo bajo el paraguas de CMNUCC para dirigir las ayudas específicamente a ese fin y que se pudiera fiscalizar su actividad.

El fondo era una demanda histórica del Sur Global que los países más expuestos a los efectos del cambio climático plantearon hace no menos de tres décadas y que esencialmente cuestiona la legitimidad moral de los gobiernos del Norte Global.

El tira y afloja en este sentido copó buena parte de las preguntas formuladas en ruedas de prensa, en las que se expuso además el papel de la Unión Europea en las inversiones recientes en infraestructuras de gas en el continente africano a causa de la crisis energética europea auspiciada por la guerra en Ucrania. También se planteó la reforma del sistema financiero internacional, a propósito de intervenciones de líderes de estados insulares como Mia Mottley, la primera ministra de Barbados, o de Gaston Browne, el jefe de Gobierno de Antigua y Barbuda, quien además defendió gravar los beneficios extraordinarios de las compañías de la industria del gas y del petróleo como una fuente de financiación para el mecanismo de pérdidas y daños. “En la primera mitad de este año, seis empresas de combustibles fósiles ganaron más de lo que sería suficiente para cubrir los costes de los grandes daños climáticos en países en desarrollo, con casi 70.000 millones de dólares en beneficios”, subrayó Browne. “Mientras ellas se benefician, el planeta arde”.

El discurso del Sur Global fue impregnando la cumbre por vía de diferentes demandas, ya fuera el impuesto de carbono a las petroleras, la factura de pérdidas y daños, la cancelación de deuda por el clima o el freno al “colonialismo energético” de las inversiones europeas en la expansión del gas africano.

Respecto a la posibilidad de un nuevo fondo, la UE insistía en que crear uno de cero retrasaría demasiado la movilización de ayudas en tiempos que precisan actuar con urgencia, pues pueden pasar “seis o siete años” hasta su puesta en marcha efectiva, según recalcó el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en reiteradas ocasiones. El bloque negociador europeo abogaba, en cambio, por una “solución mosaico” en que se incluyeran diferentes medidas para favorecer el acceso de los países climáticamente vulnerables a las ayudas. Los países del G7 -el grupo de las siete mayores potencias globales-, presididos por Alemania, se aventuraron incluso a crear su propio sistema de ayudas para las reparaciones climáticas, el Global Shield, muy criticado por algunos activistas del Sur Global, que lo tacharon de “distracción” de la activación de un fondo real.

El debate se fue estancando. Los países en desarrollo se mantenían firmes en su exigencia de crear un nuevo fondo bajo la CMNUCC, mientras que la UE y EE.UU. -entre otros- seguían reticentes. En vista de que estas conversaciones estaban de alguna manera eclipsando o frenando los avances en los acuerdos sobre mitigación y adaptación al cambio climático, según explicaron a los medios los negociadores europeos, la UE decidió ceder y proponer un fondo para resolver esta cuestión.

Eso sí, el fondo que apoyaría la UE debía contar con un espectro de donantes lo suficientemente amplio como para incluir también a países que formalmente no se cuentan entre los “desarrollados” en estos foros pero que tienen gran capacidad financiera, como China -el mayor emisor actual de gases invernadero, responsable de casi un tercio de las emisiones globales-, y como para involucrar también al sector privado. Asimismo, la exigencia innegociable del bloque europeo era que los beneficiarios del fondo no fueran otros que los países en desarrollo “particularmente vulnerables”, y no todos los considerados como “en desarrollo” según la clasificación de la CMNUCC -que incluye también en esa categoría a China, Catar, Kuwait y Arabia Saudí, entre otros-, como habían sugerido los países del G77 y China.

Finalmente, en el plenario convocado en la madrugada del domingo 20 de noviembre, ya en la prórroga de la cumbre, los delegados exhaustos tras jornadas maratonianas de negociación dieron luz verde al texto sobre el fondo de pérdidas y daños, que no especificaba quién debería contribuir pero sí aludía a los beneficiaros potenciales: los países en desarrollo particularmente vulnerables ante los impactos climáticos. El fondo, recibido entre aplausos en la sala, representó un importante avance para los estados del Sur Global, según recalcaron muchos de los diplomáticos de estos países, así como otros participantes clásicos en la cooperación climática internacional.

“En un avance histórico, las naciones ricas han acordado finalmente crear un fondo para ayudar a los países vulnerables que se tambalean por los devastadores daños climáticos. Este fondo para pérdidas y daños será un salvavidas para las familias pobres cuyas casas están destruidas, los agricultores cuyos campos están arruinados y los isleños obligados a abandonar sus hogares ancestrales”, celebró Ani Dasgupta, director del Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés). “Este resultado positivo de la COP27 es un paso importante para reconstruir la confianza con los países vulnerables”, agregó.

Si el fondo de pérdidas y daños era “un sueño” de la COP26, “está camino de empezar en 2023”, declaró por su parte la arquitecta del Acuerdo de París y directora de la European Climate Foundation, Laurence Tubiana.

Sin embargo, el acuerdo final de Sharm el Sheij no aportó ningún compromiso adicional en cuanto a mitigación, algo que fue denunciado por diferentes actores del hemisferio norte, donde mandatarios como Timmermans o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, columnistas, activistas, científicos y periodistas se lanzaron en masa a comentar y a publicar análisis que calificaban la COP27 como un “fracaso” falto en ambición. Entre las críticas, señalaban que el acuerdo final de Sharm el Sheij era un calco de la COP26 de Glasgow y que suponía, por tanto, “un año perdido” para la lucha contra el clima. Entre los principales puntos flojos del texto, citaban la llamada a las partes a “acabar progresivamente” con el uso de carbón que no cuente con tecnologías de captura de carbono (“unabated coal”), así como a reducir los “subsidios ineficientes” a los combustibles fósiles, ya que este punto copiaba exactamente lo redactado en Glasgow.

Entre las críticas, señalaban que el acuerdo final de Sharm el Sheij era un calco de la COP26 de Glasgow y que suponía, por tanto, “un año perdido” para la lucha contra el clima.

Así, lamentaban los críticos, resultaron en vano los intentos de varias delegaciones -entre ellas, la de la UE- de que el texto instase no sólo al fin progresivo del carbón sino de todos los combustibles fósiles: empezando por el carbón, pero siguiendo con el petróleo y con el gas, como recomienda el último informe de evaluación del IPCC. También se afeó el hecho de que el “Plan de Implementación de Sharm el Sheij” -como se terminó denominando el acuerdo– no obligara a los países a presentar sus compromisos actualizados de reducción de emisiones determinados a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) anualmente sino cada cinco años, y que se insertaran referencias a la crisis energética y a la necesidad de impulsar “energías bajas en carbono” (categoría que no deja necesariamente fuera al gas) que, según los ecologistas, incluso debilitaba el acuerdo de Glasgow.

Sin embargo, esta disparidad Norte-Sur plasmada en las valoraciones finales puso de manifiesto los privilegios de los países enriquecidos -y contaminantes- respecto a los que más sufren las consecuencias climáticas, según denunciaron voces de países en desarrollo como la de Mohamed Adow, fundador del think tank PowerShift Africa. “A decir verdad, algunos de estos ‘análisis’ de la COP27 son un poco ricos, especialmente viniendo de los contaminadores históricos que nos metieron en esta emergencia climática en primer lugar”, aseveró Adow en su cuenta de Twitter. “Los resultados de las COP deben equilibrar las causas del cambio climático y abordar las consecuencias. Durante años, el proceso de la CMNUCC se ha inclinado en gran medida hacia la mitigación, por supuesto, sin abordar la causa raíz: los combustibles fósiles; con un apoyo poco entusiasta e incompleto para aquellos que se enfrentan a las consecuencias, particularmente en adaptación, pérdidas y daños y financiamiento climático. La COP27 fue una sorpresa precisamente porque por primera vez se escucharon las necesidades de los vulnerables. Ahora es un poco rico que los contaminadores históricos del rico norte global, que han causado la crisis climática en los últimos 100 años, se quejen de la falta de progreso en la reducción de emisiones en esta reunión en Egipto”, explicó en la red social. “No necesitamos esta hipocresía y debemos denunciarla —prosiguió Adow—. Para descarbonizar debemos descolonizar. Por lo demás, no aceptemos también su hipocresía para ser utilizada por nuestras élites para repetir sus errores históricos. Podemos superar su sistema obsoleto y al mismo tiempo descolonizar el sistema”.